El nuevo acuerdo fiscal que firmó Nación con las Provincias, las habilita a posponer reducciones e impulsar aumentos. La presión impositiva no cede

Los números de fin de año arrojan balances provisorios acerca del comportamiento fiscal de la provincias pero antes de las fiestas de diciembre, los gobernadores que suscribieron el pacto fiscal convocado por la administración de Alberto Fernández, se llevaron el green pass impositivo para sostener una recaudación cercana a los 700.000 millones de pesos autorizando nuevos impuestos, a las herencias, legados y donaciones, o al comercio electrónico de servicios digitales que permiten operaciones con el exterior, o subiendo otros gravámenes existentes.

Pero, si analizamos las cargas que el sector productivo debe soportar, el impuesto a los ingresos brutos es lo más cercano al castigo de los dioses griegos al astuto Sísifo, al que condenaron a subir una pesada piedra por la ladera de una montaña empinada y cuando llegaba a estar cerca de la cima, la gran roca volvía a caer para que el castigado deba subirla nuevamente, por toda la eternidad. La diferencia que puede anotarse es que en Argentina la piedra es cada vez más pesada.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación por concepto del impuesto a los ingresos brutos constituye el principal ingreso propio de las provincias. En 2019, el tributo representó el 72,2% de la recaudación y en el 2020 fue del 75,3%. Lo insólito de este dato anual es que el año 2020 fue el de peor actividad económica para el sector privado por las cuarentenas y aislamientos dictados por el Poder Ejecutivo, aun así, se observó un aumento en la participación de ingresos brutos.

Por su parte, la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, presentó un informe donde señaló que entre enero de 2020 y el mismo mes de 2021, once estados provinciales incrementaron el peso del impuesto en el sistema financiero sin importar la caída de la actividad por la pandemia de coronavirus.

El aumento se produjo al cambiar la metodología de cálculo del tributo, pasando de gravar el spreed bancario, sobre la tasa de préstamos menos la tasa de depósitos, a afectar impositivamente sobre la tasa de interés de los créditos lo que significó un incremento importante del impuesto efectivo.

La presión impositiva, cada vez mayor

En el informe se puso en blanco sobre negro que "la tendencia es clara. La presión impositiva por parte del impuesto sobre los Ingresos Brutos cada vez es mayor. Los impuestos sobre los IIBB que se aplican al sistema financiero, en la mayoría de los casos, más que duplica el de otras actividades, siendo el promedio del país de 8%".

Todo indica que los mandatarios que acudieron a la Casa Rosada para participar de la foto del consenso fiscal, donde no estuvo representada la Ciudad de Buenos Aires por decisión de Horacio Rodríguez Larreta, pretenden curarse en salud durante este año 2022.

Lorena Giorgio, de la consultora Equilibra, anotó que "los resultados consolidados de las 24 provincias podrían cerrar 2021 con un superávit financiero del 0,4% del PBI, revirtiendo una tendencia deficitaria registrada en los últimos diez años, al revés de la situación del Estado Nacional que terminaría 2021 con un rojo primario del 3% del PBI y financiero del 4,5%".

Por lo que los gobernadores saben que durante el transcurso del 2022 deberán sortear los efectos de un acuerdo con el FMI, una posible desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía, que comienza a manifestarse en varios rubros por los efectos negativos de la cepa ómicron de Covid-19, y un incremento de las presiones salariales que ya han comenzado a traducirse en exigencias gremiales ante la notoria perdida adquisitiva de los salarios por efectos del alza del costo de vida.

Por lo que los gobernadores tienen semáforo verde para ampliar la presión impositiva y lo primero que les viene a la mente son: ingresos brutos.

El más distorsivo de los impuestos

Existe cierto consenso en la teoría económica que afirma que los impuestos no deben distorsionar las decisiones de las personas que producen, trabajan, ahorran e invierten.

Si se sigue esa máxima, no es aconsejable que los impuestos se apliquen durante o antes del proceso productivo para que éste no se vea afectado.

Si bien los países desarrollados que integran la Organización de Comercio (OCDE) tienen una presión impositiva, en ocasiones, mayor a la nacional, Dinamarca tiene una incidencia por impuestos cobrados en la conformación de sus arcas fiscales del 48,3% de su PBI mientras que Estados Unidos guarda una proporción de presión impositiva, en relación con su PBI, del 26,9%, en Argentina, con un 29,9% de presión fiscal, los tipos de impuestos que se pagan son diferentes, y allí está la clave por la que la ciudadanía se siente agobiada por las cargas tributarias.

Para el analista Jorge Colina, en un editorial publicado en El Economista, "los impuestos recomendados son, al valor agregado (IVA) que se aplica cuando el proceso productivo de cada eslabón de la cadena termina y se ejecuta la venta; a los ingresos (en Argentina se conoce como Ganancias) que también se ejecuta cuando termina el proceso productivo y a la propiedad (en Argentina son Bienes Personales e Inmobiliario y Automotor). Estos son los impuestos preponderantes en los países desarrollados".

Sin embargo, en nuestro país, "el Estado Nacional aplica impuestos al empleo (cargas sociales), a las transacciones financieras (impuesto al cheque), al comercio exterior (aranceles a las importaciones y derechos de exportación), a la energía y otros productos (impuestos internos). Y, los estados provinciales, por su parte, aplican el impuesto a los contratos (sellos) y un impuesto a las ventas superpuesto con el IVA (Ingresos Brutos)":

Para las pymes esto último significa una condena. Según un informe de la consultora PwC, un 75% de los emprendedores y empresarios consultados, señalaron a la presión tributaria como su máxima preocupación.

Por su parte, el informe Doing Business, índice de facilidad para hacer negocios creado en 2004 por el Grupo del Banco Mundial, señaló que los impuestos que recaen sobre las empresas representan en promedio un 106,3% de sus ganancias netas, antes de la liquidación de impuestos, por lo que una pyme argentina que cumple con todas sus obligaciones da pérdida.

La informalidad de la economía y los intercambios comerciales en "negro" pueden explicarse por estas consideraciones que terminan por promover la evasión fiscal.

Para los integrantes del Consejo Empresario de Entre Ríos, "Ingresos brutos es un impuesto distorsivo porque no incorpora la neutralidad fiscal y genera un efecto en cascada. El impuesto se paga en cada eslabón de la cadena de producción y, por lo tanto, su peso aumenta cuanto más larga es la cadena de valor. Esto lleva a los actores económicos a adoptar formas de organización que no son las más eficaces de una economía de mercado, que debería fomentar la especialización y no tanto la integración vertical. El costo económico de Ingresos Brutos es la pérdida de competitividad por el aumento de los costos internos, el desincentivo a la especialización y la acumulación de una presión impositiva que se traslada a los productos y servicios exportables. El costo social es una menor generación de empleos formales, salarios reales más bajos y mayores costos que se traducen en precios más elevados para los consumidores".

Fuente de la Información: www.iprofesional.com