Los tiempos se aceleran y es inminente la presentación en sociedad del proyecto de blanqueo laboral. Tanto el Ministerio de Trabajo, Economía y AFIP trabajan contrarreloj en el armado de la iniciativa

Los tiempos se aceleran y es inminente la presentación en sociedad del proyecto para un nuevo blanqueo: el de la informalidad laboral. Tanto el Ministerio de Trabajo, Economía y AFIP trabajan contrarreloj en el armado de la iniciativa, que implica menores costos para el empleador, como forma de incentivar el empleo y bajar los niveles de evasión y trabajo en negro.

Pero el enunciado de buenas intenciones no alcanza para generar unanimidad. De hecho, la iniciativa oficial para rebajar la carga de impuestos laborales reabrió una vieja polémica: si bien hay muchos que la festejan porque creen que facilitará la creación de empleos, también hay muchos especialistas que recuerdan malas experiencias del pasado reciente. 

Y lo cierto es que los que manifiestan dudas tienen argumentos atendibles: al reducir aportes en la década de los '90, no se terminó generando empleo genuino y protegido sino precario. A eso se le suma que, en aquel contexto recesivo, bajaron los salarios y hasta se redujo la recaudación.

Y finalmente, recurrieron a financiar el sistema de seguridad social con otros impuestos, empeorando todos los problemas que supuestamente intentaba resolver la rebaja de aportes patronales.

Blanqueo laboral: ¿reducir el costo para generar más empleo?
Desde los despachos oficiales aseguran que la iniciativa permitirá reducir la alta carga que presenta el costo laboral y eso generará una suba en el empleo de calidad.

Al respecto, Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti, Darago, Lupi & Asociados, adelantó que "si no se encuentra la forma en que los empresarios vean más conveniente blanquear que no hacerlo, no va a tener ningún éxito cualquier programa, ley o intención del gobierno".

"Con el blanqueo laboral ocurre que, hoy por hoy, no hay una idea por la cual el empresario crea que lo van a descubrir por evadir cargas sociales, por lo que evitar el pago de aportes y contribuciones -que representa entre 40-47% del sueldo- es el mejor de los negocios.

"Si no hay una estricta vigilancia del Estado para el cobro de los aportes y contribuciones, no hay éxito posible", agregó.

Asimismo, Cerutti precisó que "las empresas en Argentina prefieren evadir a estar en orden. Es más barato y no pasa nada. El riesgo de la supuesta industria de los juicios laborales es absolutamente limitada, no hay ningún porcentaje de juicio que pueda hacer cambiar en forma masiva al evasor".

A su vez, el blanquear para las Pymes es carísimo a futuro, por lo que además del control, debe crearse un régimen diferenciado para este tipo de empresas, quizás pensando en el modelo de la UOCRA o del servicio doméstico que tienen una gran ley que ha permitido el ingreso de buena parte del personal no registrado.

"Debe crearse la idea de que no se puede evadir, que hay controles, que los van a descubrir. No es relevante el monto de la multa, sino de la capacidad para cobrarla", concluyó Cerutti.

"En tanto, la creación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales, también es una buena idea pero no ha generado ya que las empresas se vean compelidas a blanquear, ya que estiman que es mas barato evadir que no hacerlo", agregó.

Rebaja de aportes: ¿una vuelta a los noventa?
Juan Graña, doctor en Economía e investigador del CONICET, no dejó lugar a dudas al manifestarse respecto a la "no tan nueva idea" de reducir los aportes patronales: "Miren qué pasó al reducir aportes en los noventa. No se generó empleo protegido sino precario, bajaron los salarios y se redujo recaudación".

"Y, finalmente, tuviste que financiar el sistema de seguridad social con otros impuestos, empeorando todos los problemas que dijiste intentar resolver", agregó Graña a través de su cuenta de Twitter.

En igual sentido se manifestó, Javier Lindenboim, Director del CEPED e investigador del CONICET:"El planteo que aparece centrado en bajar los mal llamados impuestos al trabajo nos remonta a experiencias pasadas en Argentina y en otras partes del mundo. 

Como se sabe, el resultado, entonces, no fue ni el del aumento del empleo, ni el mejoramiento de la calidad del trabajo existente ni la mejoría de la competitividad internacional".

"Hace dos décadas decíamos que es un argumento intencionalmente confuso el que sostiene que el salario es alto porque existen regulaciones que obligan al empresario a pagar porcentajes sobre la nómina salarial que serían elevados. Y que eso afecta la competitividad", agrega Lindemboin.

"Centrar en la reducción del salario directo o indirecto es desconocer la composición de los costos empresarios", agregó el experto.

Las claves del borrador
De acuerdo con la información a la que pudo acceder iProfesional, uno de los puntos centrales del "paper" consiste en la subvención de aportes patronales.

Puntualmente, el Gobierno se hará cargo durante los próximos tres años de los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral.

De esta manera, el Ejecutivo busca blanquear a cerca de 900.000 trabajadores en ese período y evitar con los nuevos aportes un fuerte desequilibrio en el sistema previsional.

El costo de la iniciativa estará financiado con aportes del Tesoro nacional. Prioritariamente, el blanqueo estará dirigido a las pyme y al segmento más bajo de los salarios. En efecto, estará orientado a los trabajadores informales con sueldos de hasta $12.000 pesos brutos.

Complementariamente, el Gobierno apunta los cañones a reducir la informalidad en algunos sectores clave de la economía donde el trabajo en negro es mayor, como la construcción, el campo y la industria textil.

A su vez, el proyecto establecería que los beneficiarios de planes sociales también aporten al sistema previsional.

Como contrapartida, el proyecto pondría la lupa en los fondos jubilatorios con destino incierto que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.

El Gobierno convocará en febrero a la Mesa de la Producción y el Trabajo, que integran el Estado, empresarios y los sindicalistas de la CGT, para acercarles la propuesta.

El Ministerio de Trabajo acompañaría la propuesta con el endurecimiento de las penalidades previstas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

En resumen, los puntos centrales del borrador son los siguientes:

1. - Solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años. El objetivo: blanquear unos 900.000 trabajadores.

2. - Subsidiar una parte de los salarios de quienes ingresan al circuito del empleo, en lugar de pagar subsidios a desempleados.

3. - Reducir la informalidad en rubros que manejan altos porcentajes de empleo en negro (textil, campo y construcción, entre otros). El objetivo: incorporar a un millón de trabajadores en blanco en el lapso de tres años.

4. - Condonar multas y capital por cargas y contribuciones impagas a quienes regularicen dependientes.

5. - Relanzar la ley de Primer Empleo, que incluye la reducción en el pago de aportes patronales.

6. - Facilitar el "sinceramiento" a pequeñas firmas, de menos de diez personas: no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos.

7. - Contemplar la situación de empresas con más de una decena de trabajadores, en cuyo caso abonarán cargas y contribuciones pero no multas.

8.-  Apuntar a "sincerar" la realidad, en primer lugar, de quienes integran el segmento informal y que reciben ingresos menores a los 12.000 pesos.

9.-  Reducir la informalidad, creándose para tal fin el REPSAL, en el que se identificará a empresas con empleados no registrados.

10. Proponer un plan simplificado para monotributistas que poseen dependientes. Pagaría una suma única en lugar de cargas sociales. Esta modificación es similar a la aprobada en épocas del kichnerismo, para entre 3 y 5 empleados.

11. Rebajar los aportes patronales no sólo para los jóvenes sino, además, cuando la empresa opta por "sincerar" personal en situación irregular.-

Fuente de la Información: www.iprofesional.com